El actual sistema de protección de los niños, niñas y
adolescente quedó al desnudo con el caso
Caía una tarde de junio en Petare cuando un muchachita, de
apenas 12 años y coqueta como toda niña, caminaba hacia su casa. De pronto,
cinco jovencitos de su colegio truncaron su camino: “tú vienes con nosotros. Tú
nos dijiste que querías estar con nosotros, así que dale”, le dijo uno de los
chamos. La llevaron por la fuerza a una construcción abandonada y la desnudaron
mientras tapaban su boca para que no gritara. Se desnudaron y comenzaron a
abusarla. Uno a uno se turnaron confundiendo en su desespero la vagina con el
ano, mientras hacían sangrar a la niña producto de la violenta agresión.
Los involucrados y su víctima tienen entre 12 y 15 años. Una
ley especial denominada Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de Venezuela (Lopnna) busca “garantizar a todos los niños (…) el
ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través
de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles”,
dice el artículo 1.
Además, el 8 de junio entró en vigencia una reforma que
modifica los artículos 526, 527, 531, 553, 560 y 628 del título V de esta ley,
luego de que el 14 de agosto de 2014 en menos de 5 minutos y como si se tratara
de algo intrascendente, el voto unánime de los diputados de la Asamblea
Nacional (opositores y oficialistas) daba por aprobada la reforma en segunda
discusión.
La reforma, que se
aprobó en el marco de crímenes ampliamente conocidos, presuntamente
perpetrados por adolescentes (el de Mónica Spear y Eliécer Otaiza) buscaba
“castigar” frente a la sociedad a los criminales para “desmotivar o reducir la
participación de los adolescentes en delitos graves. Algo probadamente falso
como medida para reducir delitos”,
El proceso
El Cicpc posteriormente dio con los adolescentes
presuntamente responsables de abusar de la niña. Luego de pasar una noche
presos en ese organismo en un lugar de reclusión de adultos, los 5 adolescentes
fueron trasladados por una comisión del Cicpc al Consejo de Protección de NNA
de Sucre. Uno tras otro, literalmente encadenados mediante esposas atadas a una
cadena, fueron recibidos. La Consejera de Protección de NNA de Sucre,
Angeyeimar Gil, explicó que los efectivos desconocían el procedimiento a tal
punto de que tuvieron que regresar a 3 de los adolescentes porque tenían más de
14 años. De los 5, sólo dos (de 12 y 13 años) podían ser atendidos por el
Consejo de acuerdo a procedimientos establecidos en la reforma.
Luego de que los consejeros oyeron las versiones de víctima
y victimarios se tomaron las medidas del caso, como la inclusión de los
adolescentes en un programa de fortalecimiento familiar y psicológico. Pero la
medida también supone enviarlos a todos a sus casas.
“Tuvimos que calmar la ira de la familia de la víctima luego
de explicarles que esas eran las medidas que establece la ley. Ellos dijeron
que iban a hacer justicia en su comunidad y es algo que preocupa mucho. Todos
estudian en el mismo colegio”, expuso la consejera.
“La actitud de los adolescentes fue retadora, incluso de
risas. Ellos aseguran que la niña quería y que había aceptado. Nosotros
hablamos con ellos para que entendieran la magnitud de su actuación, pero ellos
no mostraban ninguna reflexión. Los policías los amenazaron mientras estuvieron
presos, pero no les afectó en ningún sentido. Se mostraban inmutables. Sus
madres están muy alarmadas por el riesgo que corren en la comunidad. Una de
ellas dijo que le iban a quemar la casa y solicitó al Consejo que protegiera a
su hijo”, describió Gil.
Ausencia de políticas
En el Estado venezolano “no existen programas
socioeducativos que reorienten a jóvenes que cometen este tipo de delitos más
allá de la atención psicológica y fortalecimiento familiar. Solo existe, y con
limitaciones, para los que tienen responsabilidad penal.
Para dar una idea, Ariana Galarraga, directora de Servicio
de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente del Estado Miranda
(Sepinami), explica que su institución tiene para atender sólo a 156 jóvenes
que, a partir de la reforma de la ley, son privados de libertad y tienen edades
entre los 14 y 17 años. “En este momento tenemos recluidos solo a 60 varones y
19 chicas ya que una de las sedes, con 39 cupos, está inhabilitada por
reparaciones luego de un motín que destruyó las instalaciones”, explica
Galarraga. Noventa y ocho adolescentes esperan por cupo, recluidos en sedes
policiales para adultos. Esta institución atiende solo a Barlovento, Valles del
Tuy y Altos Mirandinos.
Entre tanto, los otros tres adolescentes victimarios fueron
presentados ante el Ministerio Público para que un juez los atienda. Este
proceso, que antes de la reforma duraba máximo 96 horas, ahora puede durar
hasta diez días. “Este tiempo lo pasarán en sedes policiales como PNB de Catia
y Sebin, y si se determina la responsabilidad penal serán trasladados a centros
como Sepinami, en los que no hay cupo, lo que también vulnera los derechos”,
detalló Angeyeimar Gil.
Días posteriores a lo sucedido en Petare, la directora del
plantel en el que estudian los victimarios y la niña violentada, ha solicitado
el cambio de escuela de los agresores ante el municipio escolar.
Angeyeimar Gil asegura que en Petare, el barrio más grande
de Venezuela, no existen centros para atender casos con responsabilidad penal,
por tanto, los distribuyen a instituciones como Ciudad Caracas en Quinta Crespo,
que actualmente está abarrotada.
Ocho consejeros de protección, sin suplentes aún cuando la
ley lo establece, llevan hoy cerca de 600 casos atendidos solo en el primer
semestre de 2015. Desde que entró en vigor la reforma han atendido 6
adolescentes que ahora no tienen responsabilidad penal. “El segundo día de
vigencia de la reforma -narra Gil- recibimos el primer caso. Estaba en el
Helicoide y luego en 5 centros de reclusión de adultos distintos. Terminó en el
Sebin y nos lo remitieron luego de la reforma. Estaba detenido por un arrebatón
de cartera”. Hoy, como los adolescentes que participaron en la presunta
agresión sexual de una chica, recibe atención psicológica y familiar y está en
su casa.
