La cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional registró la premura con la cual fue sancionada la reforma de La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes durante la última sesión plenaria del primer período ordinario, correspondiente a 2014, que se llevó a cabo el 14 de agosto.
En menos de cinco minutos, como si fuera algo intrascendente y sin mayor resistencia de diputado alguno, se aprobó el incremento de cinco a diez años de la pena máxima de cárcel aplicable a los adolescentes que incurran en delitos graves.
El artículo 628 establece: “Cuando se tratare de la comisión de los delitos de homicidio, salvo el culposo, violación, secuestros, delitos de drogas en mayor cuantía en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual con penetración, sicariato o terrorismo su duración –de la privación de libertad– no podrá de ser menor de seis años ni mayor a diez años”.
La reforma se limitó al sistema penal de responsabilidad del adolescente. Además del aumento de la pena máxima en caso de delitos graves, también destacan la incorporación de los consejos comunales en la vigilancia de los adolescentes sometidos a medidas cautelares no privativas de libertad, así como el aumento de 12 a 14 años de la edad de imputabilidad, de modo que los menores de edad no podrán ser imputados hasta los 14 años.
La última versión del proyecto de reforma fue formalmente consignada ante la Asamblea Nacional el 8 de agosto. La diputada Liris Sol Velásquez, coordinadora de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes, indicó en esa oportunidad que la propuesta fue sometida a consultas públicas “a nivel nacional” y que contaba con el respaldo de la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela.
Examen en Ginebra. El 30 de enero de 2014, en la plaza El Venezolano, en Caracas, se realizó una jornada de consulta pública del proyecto. En esa oportunidad se planteó abiertamente el aumento de penas en casos de delitos graves. La diputada Velásquez, la ex jueza María Elena García Pru, y Ramón García, viceministro de Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, lideraron el evento y justificaron el cambio de la norma al señalar que la mayoría de los adolescentes admite los hechos y obtiene rebajas de las penas, de modo que solamente permanecen recluidos entre uno y dos años, lo cual es un lapso insuficiente para su reeducación.
En Ginebra advirtieron que el aumento de las penas a adolescentes viola la Convención sobre los Derechos del Niño y constituye un desacato a las recomendaciones dadas al país. Naciones Unidas instó al Estado venezolano en 2007 a emplear la privación de libertad “como último recurso y por el período más breve posible”.
En octubre el Estado venezolano debe rendir cuentas sobre la situación de la infancia y la adolescencia en el país durante los últimos cinco años, lo cual incluye el alegado desacato a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
1 comentario:
Cada país tiene sus propias realidades y en ese sentido, las recomendaciones de la ONU son solo eso, recomendaciones; en nuestro país la participación de adolescentes en hechos punibles es altísima y la violencia en que incurren también, en consecuencia, estoy de acuerdo con el incremento de las penas en vista de que estas sirven como un medio represivo que hace pensar antes de cometer el hecho y termina haciendo prevención. No es justo que un adolescente haga lo que haga pague un máximo de 5 años de cárcel mientras en otros países hasta a cadena perpetua se les condena.
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