JOSE URBANO, PRESIDENTE DE FUNDA.PDEN, ORGANIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR LA INFANCIA QUE IMPULSA EL PROYECTO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA MUNDIAL, ANTE LA NOTA QUE NOS HICIERON LLEGAR MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, DE LA SITUACIÓN QUE SUFREN LOS NIÑOS EN ALBERGUES DE PANAMÁ, SE ELEVO UNA DENUNCIA, ANTE LA RELATORA DE LA NIÑEZ, Y SOLICITO UNA INVESTIGACIÓN AL RESPECTO,
Decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente y violentamente maltratados física y sicológicamente por sus cuidadores durante los últimos cuatro años en al menos 12 albergues de Panamá financiados y supervisados por el Estado, reveló un informe de una subcomisión de la Asamblea Nacional (AN).
“Fue muy lamentable conocer
de primera mano que la realidad supera la ficción: el estado de abandono y
revictimización es sorprendente. Los menores están en condiciones
infrahumanas”, dijo la diputada suplente de libre postulación Walkiria
Chandler, que integra la subcomisión de la AN que llevó a cabo la
investigación, informa EFE.
El informe ejecutivo
confirma que “existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos
físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen
alguna condición de discapacidad intelectual”, además de las malas condiciones
en las que viven.
El documento fue redactado
tras seis meses de investigación realizada por la subcomisión creada por la
Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea y
conformada por Yesenia Rodríguez, Petita Ayarza y Gabriel Silva, quien habilitó
a Walkiria Chandler.
Los hechos surgen a raíz de
una denuncia de un medio de comunicación el pasado agosto en el que menores de
edad relataban diversas irregularidades, tras la que varios diputados de la
Asamblea recibieron correos electrónicos con más acusaciones, explicó la
diputada Chandler.
Los niños habitan en estos
albergues que están bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (Senniaf), una entidad pública descentralizada del
Estado y que en su junta directiva están los titulares de las carteras de
Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría.
Estos hospedajes acogen a
menores de edad que provienen de situaciones y hogares vulnerables.
La diputada adelantó que el
informe será presentado junto con una denuncia en el Ministerio Público (MP).
“Los abusos son
psicológicos, mentales y sexuales. Tuvimos acceso a los expedientes y
evaluaciones de los menores que quedaron con secuelas de estos abusos”, añadió
la diputada.
Según las conclusiones del
informe, hay albergues que operan sin permiso de funcionamiento o el que tienen
es de carácter provisional, incluso a nivel nacional aparecen hospedajes “en
funcionamiento sin que Senniaf supiese de su existencia”.
También, la mayor parte de
los albergues “están regentados por fundaciones, oenegés y organismos de corte
religioso”, en estos últimos “los de denominación evangélica superan a los
católicos”.
“A algunos menores se les
negaba la comida a otros niños que tienen trastornos psiquiátricos se les
privaba los medicamentos”, explicó Chandler.
En concreto, en los
albergues que cuentan con la presencia de entes religiosos “se les decían que
no hacia falta la medicación, y que era mejor orar”, incluso a menores de edad
que tenían trastornos tan severos como la epilepsia.
Además, el informe enumera
las deficientes condiciones con las que tienen que vivir los menores, pues en
muchos de ellos no hay segregación de sexo o edad y “se mezclaba a hombres y
mujeres, menores de edad con discapacidad incluso con personas que estaban en
proceso desintoxicación de consumo de drogas y otros adultos mayores”.
Así como en el “90 % de los
albergues no cuentan con recurso humano especializado técnicamente en el
trabajo” de menores”.
“Nos llama la atención la
inactividad de la institución pues trabajadores sociales elevaron informes
sobre estas irregularidades a la misma Senniaf, en muchos casos se los
destituyó y no se tomaron medidas en los albergues. Los menores tenían que
seguir conviviendo con sus abusadores”, añadió la diputada.
Aunque la diputada confirmó
que había decenas de víctimas, no descarta que “en realidad sean cientos de
menores” y que sea una irregularidad “desde hace varias administraciones”.
Todo ello demuestra, según
la diputada, “unas condiciones de abandono por una institución que está llamada
a proteger la niñez”, la cual “falló”.
“La institucionalidad del
país se ha visto diezmada en materia de niñez y adolescencia por diversos
factores, entre ellos esta la politización del Senniaf, una inversión pública
en niñez insuficiente y de poca calidad y efectividad, así como una débil
capacidad técnica”, señala el informe.
Todo ello “repercute
negativamente sobre la capacidad de intervención de los servidores públicos que
laboran en la institución entre otras cosas por que los mismos son trasladados
constantemente sin una causal clara en base a su experiencia (más bien los
cambios parecen ser productos de contradicciones personales o políticas)”.
El documento resalta que
“hay un divorcio en la gestión técnica y administrativa, un evidente
distanciamiento entre lo que se piensa y hace desde el despacho superior de
Senniaf y el resto de unidades administrativas, así como un brecha entre las
capacidades reales de la sede principal de la provincia de Panamá y el resto de
sedes regionales instaladas en las provincias del interior del país”.
Hasta agosto del año pasado,
cuando arrancó la investigación, había 942 niños, niñas y adolescentes en
albergados a nivel nacional. De estos, el 49 % estaba a órdenes de la Senniaf,
el 24 % de los Juzgados de Niñez, un 17 % bajo la tutela de familiares, el 8 %
a órdenes del ministerio y el 2 % se encontraban en hospitales.
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