Roberto López Sánchez. Historiador.
Profesor de la Licenciatura de Antropología. LUZ
Profesor de la Licenciatura de Antropología. LUZ
El
pasado jueves 18 de octubre el diario zuliano La Verdad tituló en
primera plana “SE BUSCA” refiriéndose a la orden de captura librada
contra el cacique yukpa Sabino Romero. Según este diario, la orden de
captura proviene del Ministerio de Interior y Justicia, y fue difundida a
través de la emisora Fé y Alegría de Machiques por el comandante de la
12° Brigada Caribe, general Francisco Salcedo Alcalá. Según dicho
general, se habría ordenado a la Guardia Nacional para que lleve
adelante el procedimiento de búsqueda y captura del referido cacique
Yukpa.
Hemos
vuelto a los tiempos de la colonia. Así como en la década de 1560 los
conquistadores españoles organizaron toda una operación militar para
“cazar” al cacique Guaicaipuro, el cual desarrollaba una verdadera
guerra de resistencia defendiendo las tierras ancestrales de las
comunidades indígenas de lo que hoy es Caracas y zonas cercanas, hoy, en
en pleno Siglo XXI, las fuerzas armadas venezolanas y el propio
gobierno bolivariano se embarca en una nueva operación militar que
persigue a un valiente cacique indígena Yukpa, el cual sencillamente
está haciendo valer un decreto de expropiación que emitió el propio
presidente Hugo Chávez en diciembre del año 2011.
La
hacienda Medellín, que fue ocupada por una comunidad Yukpa a comienzos
de la semana pasada, es una de varias haciendas expropiadas por Chávez
en diciembre pasado para ser entregadas a los Yukpas y Barí de la Sierra
de Perijá.
Pero
además de estar expropiada, el territorio de esa y otras haciendas
forman parte de tierras ancestrales ocupadas por los Yukpa y Barí desde
hace varios siglos. En otras palabras, ellos, los yukpa y barí, son los
legítimos dueños de esos espacios del piedemonte de la Sierra de Perijá.
Y
no está demás recordar que la población de ambas etnias, Yukpas y Barí,
fue casi exterminada durante la primera mitad de siglo XX por una serie
de acciones paramilitares organizadas por compañías petroleras como la
SHELL y por los abuelos y padres de los actuales ganaderos de Machiques.
Según el antropólogo venezolano recientemente fallecido Roberto
Lizarralde (ULA), los Barí fueron reducidos a una decena de familias
para 1960, luego de la entrada de la Shell en la segunda década del
siglo XX y debido también a la expansión armada de los ganaderos de
Machiques y La Villa.
En
una macabra campaña en la cual se han unido fuerzas opositoras y
entidades gubernamentales, desde hace varios años se desarrolla un
proceso criminal contra las comunidades Yukpa que luchan por sus tierras
ancestrales. En 2008 fue asesinado el padre del cacique Sabino Romero.
El 12 de octubre de 2009 se produjo un enfrentamiento provocado por los
ganaderos que involucró a dos comunidades yukpas y en el cual resultaron
tres indígenas muertos. Por ese hecho Sabino Romero y Alexander
Fernández estuvieron detenidos por más de un año. Desde diciembre de
2011 hasta la fecha, en diferentes hechos han sido asesinados seis (6)
indígenas yukpa, entre ellos el propio Alexander Fernández.
Esta
campaña involucha a los ganaderos de Machiques y su gremio GADEMA, al
diario La Verdad, a las autoridades militares destacadas en Machiques
(fuerte Macoa), y a los ministerios bolivarianos como el de pueblos
indígenas, interior y justicia, y ambiente, responsables del proceso de
delimitación de tierras indígenas.
Sorprendentemente,
todos ellos, escuálidos y “bolivarianos”, coinciden en la campaña
criminal contra los yukpas, que no es simplemente una ofensiva
propagandística, sino una campaña paramilitar que ha causado ya diez
(10) indígenas fallecidos en los últimos años, un número similar de
indígenas heridos de bala, y el continuo desalojo por los militares de
las comunidades yukpa de las haciendas que han ocupado, reclamando la
propiedad ancestral de las mismas, TAL COMO LO ESTABLECE NUESTRA
CONSTITUCIÓN NACIONAL en su artículo n° 119.
Todo
lo anterior lha sido denunciado desde hace varios años, sin obtener
resultados de parte del gobierno bolivariano. De los seis yukpas
asesinados este año no hay investigación en desarrollo ni detenidos. En
cambio, se suceden las continuas acusaciones contra Sabino Romero de
parte de GADEMA y FEGALAGO, achacándole reiteradamente supuestos robos
de centenares de reses y destrucción de las haciendas ocupadas. Pero
nunca aparecen pruebas visuales que permitan comprobar las acusaciones
de los ganaderos.
Lo
único que falta por acusar a Sabino Romero es de ateo o practicante de
cultos demoníacos. Con ello, terminarían de completar el expediente que
Diego de Losada construyó contra el cacique Guaicaipuro y que terminó
justificando su vil asesinato.
Ahora
que estamos en campaña por la gobernación del Zulia, me permito
emplazar al comandante Arias Cárdenas y a los integrantes del Comando
Carabobo en el Zulia a que fijen una posición clara y determinante sobre
este caso de la continuada represión contra las comunidades Yukpa de
Perijá, sobre el asesinato de seis indígenas yukpa en menos de un año, y
sobre la actual campaña militar que busca capturar (¿vivo o muerto?) a
Sabino Romero por causas que sólo son achacables al propio gobierno
bolivariano, por no ejecutar las expropiaciones decretadas por el
presidente Chávez en diciembre pasado, y no cancelar las debidas
indemnizaciones a los ganaderos, usurpadores históricos de las tierras
indígenas de Perijá.
Nuestro
llamado urgente es a las organizaciones populares y movimientos
revolucionarios a levantar su voz de protesta en todo el territorio
nacional y en países hermanos, para evitar que continúe lo que
propiamente se puede denominar GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO YUKPA.
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