EXIGEN CORRECTA ACTUACIÓN DE FISCAL EN CASO DE NIÑO AGREDIDO EN ESCUELA DE ANZOÁTEGUI.

Habitantes de la comunidad del sector Vidoño de Puerto La Cruz rechazan la actitud del Fiscal 16 de Anzoátegui, abogado Tomás Armas, quien lleva la causa de un niño que fue presuntamente agredido por compañeros de clases en la escuela del sector Valles del Sol de la zona rural del municipio Sotillo de esa entidad, hecho que lo ha mantenido en delicada condición de salud en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de niños Rafael Tobías Guevara de Barcelona. Relatan que el pasado martes el fiscal realizó una reunión en la escuela, donde se trató el caso, con la intención de solicitar información y apoyo del Consejo Comunal. Sin embargo aseguran que las actuaciones se estarían orientando a exonerar de responsabilidad a la docente y a los presuntos implicados en el maltrato, obviando la falta de auxilio de éstos, con la intención de imputar a la madre del menor lesionado. Opinan que el fiscal no ha hecho una serie de diligencias necesarias y urgentes para establecer las responsabilidades penales de los involucrados sino todo lo contrario, por lo cual fue elevada una denuncia ante la Fiscalía General de la República, haciéndolo responsable de negligencia si el caso queda impune, en contra de lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Agregan que el fiscal no ha querido hablar con miembros de un Consejo Comunal y tampoco con los que solicitaron la averiguación penal, quienes piden justicia y la destitución de la docente, además de sanciones a los demás responsables. Recuerdan que según el artículo 78 de la Constitución, los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de la máxima ley, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. No descartan acudir a instancias nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de niños, en caso de no haber justicia, para denunciar el incumplimiento de tratados internacionales.