Los defensores de derechos humanos indicaron que la orden debía llevarse a cabo previo a culminar 2017, pero fue retrasada hasta enero de 2018. En ese sentido denunciaron que oficiales policiales estarían tramitando borrar los antecedentes de los cuatro uniformados para que puedan fugarse de Venezuela, antes que sea dictada la orden de captura.
En nota de prensa explicaron que los oficiales tendrían como destino Chile, por lo cual notificaron a la embajada de Chile en Venezuela. Subrayaron que los oficiales se encontrarían implicados en presuntos delitos considerados genocidio.
Según detallaron, los efectivos bajo investigación son los oficiales R.R. Vásquez Rattia, J.R. Arismendi M., F.J. González y J.A. Narváez D., adscritos a Polisotillo.
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