INTENTAN SILENCIAR LAS DENUNCIAS DE COBROS Y ABUSOS COMETIDOS EN CONTRA DE NIÑOS EN ESCUELA

La comunidad del viñedo nos informa que la directora RICARDA SANCHEZ , de la ESCUELA ILUSTRE SIMON BOLIVAR ,ubicado en Barcelona Estado Anzoátegui, habria hechos reuniones informando que inicio una serie de denuncias con ciertas influencias que apoyarían la corrupción educativa  en  contra del LÍDER DE LA ONG JOSE URBANO DEFENSOR DDHH por las denuncias publicadas , ya que estas perjudican la recolección de fondos económicos, la cual estaría acostumbrada y nunca rinde cuenta del destino del dinero, esta directora que ha sido cuestionada en varias situaciones irregulares, al parecer tendría un familiar en la gobernación que le apoyaria arremeter en contra del defensor DDHH, 

 FUNDA.PDEN; nuestra organización no se va aquedar callado con la corrupción educativa, que hace daño a la infancia, la   

LOPNNA Artículo 285

Artículo 285. Obligatoriedad de la denuncia penal.
Comprobado en sede administrativa que existen indicios de maltrato o abuso en perjuicio de un niño, niña o adolescente, la denuncia penal debe ser presentada en forma inmediata. No se admitirá acción contra el denunciante o la denunciante que actúe en protección de tales niños, niñas o adolescentes, salvo casos de mala fe.   

 así que la directora cuestionada debe demostrar si las denuncias son de mala fe , o incurrió en hechos dolosos

Esta directora donde a ocupado la dirección de escuela  ha sido cuestionada por presuntos hechos corrupción, en los siguientes links podrán ver

RESPONSABILIZAN A DIRECTORA DE COLEGIO POR LESIONES Y POSIBLE ABUSOS SEXUALES CONTRA NIÑO

Ponen los nombres de los niños con bajo rendimiento en puerta de la escuela para que los otros niños realicen bullyn

Padres denunciaran a directora de escuela por estafarlos

Niños los educan hacer mendicidad en la escuela

DIRECTORA DE ESCUELA DESTITUIDA PRESUNTAMENTE SE LLEVA EL DINERO DE LA ACPR

Las leyes venezolanas Consagran el derecho a la educación es gratuita y es un derecho humano, en los artículos 102 y 103 CRBV, Y 53 LOPNNA, y LA LEY ANTI CORRUPCIÓN, sanciona  al funcionario público que pida dinero,  en su  

Artículo 60. El funcionario público que abusando de sus funciones, constriña o induzca a alguien a que dé o prometa, para sí mismo o para otro, una suma de dinero o  cualquier otra ganancia o dádiva indebida, será penado con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de la cosa dada o prometida.