Entre los días 5 y 9 de marzo nuestra Asociación se hizo presente en Asunción, capital de Paraguay, como observadores de lo que debió ser el inicio del Juicio a los seis campesinos paraguayos pertenecientes a las organizaciones Partido Patria Libre y Movimiento Agrario Popular que fueran expulsados en 2008 de nuestro País por orden del Gobierno Argentino.-
Una vez más el Debate Oral fue suspendido, pero en este caso debido a que las tres defensas de los (ahora) siete imputados recusaron al Tribunal de Juicio.-
La causa de tal recusación fue la actitud abiertamente parcializada y arbitraria del Tribunal, que pinta la verdadera cara de la Justicia paraguaya.-
Este mismo Tribunal había dictaminado –entre otras aberraciones– que los seis campesinos “no habían estado detenidos en Argentina, sino alojados en hoteles y pensiones” pese a lo que consta en el respectivo expediente y a que nuestra Asociación envió los correspondientes comprobantes certificados por la Justicia Federal Argentina que dan cuenta de los años que permanecieron en prisión detenidos por el Gobierno Argentino.-
Ahora, al inicio del Debate, e interpuestos incidentes, excepciones y nulidades por parte de las Defensas, el Tribunal les impide la presentación de las pruebas que los sostienen.- Se trata de incidentes, basados en arbitrariedades y desconocimiento de las garantías procesales, que –de prosperar al permitirse probarlos– pueden incluso hacer posible la anulación del Juicio y la consecuente libertad de los compañeros.-
En otros incidentes de la Defensa se oponen, por ejemplo, a que la Acusación introduzca determinados elementos de "prueba", el más aberrante y flagrante es el que -dicen- surge de la computadora personal secuestrada al comandante de las FARC Raúl Reyes que supuestamente ligaría a esta organización con Patria Libre y, no se sabe cómo, incriminaría a nuestros defendidos.-
En nuestra Asociación conocemos las leyes y la Constitución paraguayas –como otras legislaciones extranjeras porque hemos defendido a cuanto luchador internacional ha sido detenido en la Argentina–, y por ello pudimos verificar que la actitud de los Tribunales paraguayos viola flagrantemente las disposiciones del Código Procesal Penal de Paraguay (que tampoco es tan diferente al nuestro) que obligan en este caso a abrir los incidentes a prueba.- De manera que el impedimento de prueba al Defensor incidentista de los compañeros es obligarlo a luchar con las manos atadas.-
Para que se tenga una idea del marco en que se desarrolla el Debate: los miembros del Tribunal están flanqueados por fuerzas especiales que portan fusiles automáticos de asalto.-
Nuestro compañero de la Gremial de Abogados fotografió esta circunstancia y el Tribunal lo obligó, mediante la intimación de hombres armados a borrar la imagen de la cámara que la captó.-
En las fotos que adjuntamos aparece el Fiscal del Juicio participando fuertemente armado de operativos militares.-
Antes de su ingreso nuestro compañero fue interceptado, interrogado, sacado de los Estrados de Tribunales y conducido a una oficina policial desde donde se pidieron sus datos a INTERPOL Paraguay.-
Los compañeros/colegas defensores pertenecientes a la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) son permanentemente acusados a viva voz por la Fiscalía y la querella (la mujer del ex Presidente Paraguayo Raúl Cubas) de ser “cómplices del terrorismo”.-
El abogado a cargo de la Querella declaró ante la Prensa que nuestro enviado es “parte de los Derechos Humanos y de las Madres de Plaza de Mayo”, como si ello fuera una acusación.
Así funciona el “Estado de Derecho” paraguayo que el Poder Judicial y el Gobierno Argentino invocaron para la extradición de los dirigentes campesinos y la negativa del refugio político.-
Dentro de lo mucho que podemos relatar, nos limitaremos a decir que la Justicia en general y la Corte Suprema paraguaya en especial se han negado a cumplir con los compromisos contraídos con la Argentina de reconocer el tiempo de prisión sufrido en nuestro País “como si los requeridos hubiesen estado detenidos en el proceso seguido en el Estado requirente” (textual de nuestra legislación que ahora la justicia paraguaya desconoce).- Para que se tenga una idea de la gravedad de este punto: esto solo, absolutamente nada más que esto, obligaría a la inmediata excarcelación de estos compañeros.-
En el día de ayer, viernes, con una celeridad inusual, el Tribunal de Apelaciones negó la recusación presentada y confirmó al Tribunal Juzgador recusado, con el argumento, que insistimos desconoce el propio Código Procesal Penal de Paraguay, de que “es potestad del tribunal de sentencia decidir si abre la causa a prueba o si resuelve de pleno derecho incidentes de las defensas”.
Con este primer informe convocamos una vez más a la histórica tradición de solidaridad internacional de nuestro Pueblo.- A las organizaciones, partidos y agrupaciones políticas, sindicatos y centrales de trabajadores, organismos de DDHH, a que se movilicen, presionen, concurran a la Embajada, Consulado, Instituciones paraguayas, viajen a Asunción solos o en grupos, visiten a los compañeros.- Que todos vean la presencia de la solidaridad argentina como la han visto las organizaciones y compatriotas de otros luchadores extranjeros detenidos acá.-
Argentina es responsable de la actual detención de los seis dirigentes campesinos, como lo fue del genocidio cometido contra Paraguay en el siglo XIX.- No estaremos otros cien años escamoteando esta situación.-
Estos seis compañeros fueron injustamente detenidos por la Argentina porque se les mintió, porque se les dijo que vinieran porque aquí “se respetan los derechos humanos”.- Y no se los dijimos nosotros –los abogados– sino el embajador argentino en Paraguay ante quien se presentaron solicitando asilo.-
Estos compañeros vinieron a la Argentina sin estar en situación de rebeldía y sin pedidos de captura, se presentaron ante nuestro Gobierno pidiendo asilo y explicando su carácter de perseguidos políticos, se les iniciaron los trámites de rigor y se les dijo que retornaran en una fecha determinada y cuando volvieron fueron detenidos, sometidos a proceso y finalmente extraditados, expulsados a una Justicia fascista y aristocrática cuyo enemigo principal son los pobres.-
Obviamente estos compañeros van a una condena segura, van, tal vez, a una reclusión de por vida.-
Reiteramos nuestro compromiso de concurrir a las instancias internacionales que correspondan y pedir que la Justicia y el Estado Argentino (Cancillería, Secretaría de DDHH de la Nación) nos acompañen, y avalen nuestras peticiones porque es su obligación a partir de los recaudos que ellos mismos dijeron haber impuesto como condición de extradición.- Todo esto más allá del daño irreparable que ya los argentinos infligimos a estos seis luchadores sociales.-
GREMIAL DE ABOGADOS
Buenos Aires, Argentina
10 de Marzo 2012
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