"La movilidad familiar es un aspecto esencial de los yukpas", argumenta Provea / Raúl Romero
En julio de 2012, ante el TSJ, los indígenas
de la sierra de Perijá reclamaban sus derechos. La Fiscalía los acusó de
poner en peligro la vida de sus hijos y 30 meses después insiste en que
las saciones alcancen a 2 de las organizaciones no gubernamentales que
los han apoyado
Edgar López 27 de enero 2013 - 12:01 am
“¿A quién se le puede ocurrir que una madre use a sus hijos
como escudos humanos? ¿Por qué los watía no entienden que para nosotros
los yukpas no hay lugar en el mundo más seguro para los niños que
parimos y criamos que nuestro lado?”.
Alina Fernández, de 29 años
de edad y 2 hijos menores de edad, habla a nombre de los 19 padres y
madres que fueron declarados responsables de poner en peligro la vida de
47 niños que estuvieron en la protesta de 11 días que mantuvieron los
yukpas en julio de 2010 frente a la sede del Tribunal Supremo de
Justicia para reclamar sus derechos. Cuando dice “watía” se refiere a
todas aquellas personas que no son indígenas.
“Al segundo día de
la protesta en Caracas se presentó el Gobierno (funcionarios del Consejo
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Libertador) y
se querían llevar a nuestros muchachitos. Nosotras no nos separamos de
nuestros hijos nunca. Hasta cuando son unos carajitos nos los llevamos
para sembrar, para vender artesanías y, en los últimos tiempos, para
donde quiera que hemos tenido que ir para que nos devuelvan las tierras
de la sierra de Perijá. Sólo aceptamos que llevaran para el hospital a
los que estaban enfermos. Sabíamos que lo que querían era dividirnos y
que no siguiéramos pidiendo que soltaran a tres de nuestros caciques que
estaban presos”, recuerda Martínez.
Esos detenidos eran Sabino
Romero y Alexander Martínez (hermano de Alina Fernández), de la
comunidad Chaktapa, y Olegario Romero, de la comunidad Guamo Pamocha.
Los tres fueron encarcelados en Fuerte Macoa luego de ser imputados por
las muertes de Hevert García y Mireya Romero, ocurridas en un altercado
entre los líderes de ambas comunidades, el 13 de octubre de 2009, un día
después de que el Ejecutivo anunció la asignación de lotes de tierras
en la sierra de Perijá que, lejos de resolver el conflicto, causaron
pugnas fraticidas.
Los manifestantes exigían al TSJ que el caso
fuera resuelto en la jurisdicción indígena; es decir, por las
autoridades yukpas y de acuerdo con las costumbres de la etnia, tal como
está establecido en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
Los
yukpas no encontraron la tutela judicial que buscaban en Caracas y, por
el contrario, regresaron a la sierra de Perijá con el peso de un nuevo
proceso judicial. El 5 de agosto de 2010, el fiscal 106 del Ministerio
Público, Ramón Liscano, solicitó ante el Tribunal de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, a cargo de la jueza Joocmar
Oviedo Contreras, que se determinara la responsabilidad de los padres y
madres yukpas por el “traslado ilícito de niños y su uso indiscriminado
para fines personales” sobre el supuesto peligro de muerte en que
pusieron a sus hijos, así como de dos de las organizaciones
gubernamentales que han apoyado la lucha yukpa: la Sociedad Homo et
Natura y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(Provea).
Dos años y medio después. El fiscal
Liscano argumentó que los niños que estuvieron frente al TSJ se
encontraban “en condiciones que pueden ser catalogadas de inhóspitas,
toda vez que duermen en el piso, en sábanas, en carpas improvisadas,
etcétera, sin obtener el cuidado sanitario requerido…”
Alina
Fernández lamenta que la Fiscalía soslaye el modo de vida yukpa y el
origen de sus reclamos: “Nosotros y nuestros niños dormimos en el suelo,
aunque estemos en la sierra y en cualquier otra parte. Ese no es el
problema. La Fiscalía, en vez de estar acusándonos, nos debería ayudar a
recuperar las tierras que nos quitaron los ganaderos. Que apuren la
demarcación para que podamos cosechar alimentos; que nos den medicinas
para que nuestros niños no sigan muriendo porque en los ambulatorios de
la sierra no hay con qué curar una picada de culebra y se nos mueren en
el camino a Machiques”, dice la mujer que se desempeña como enfermera en
la comunidad El Tokuko.
Para la Fiscalía, la situación de peligro
en que se encontraban los 47 niños yukpas frente a la sede del TSJ cesó
con su retorno a la sierra de Perijá, el 1° de agosto de 2010. Sin
embargo, quedó pendiente la determinación de las responsabilidades por
lo ocurrido.
El tribunal demoró dos años y medio en cumplir el
requisito de notificar a los representantes de Homo et Natura y a los de
Provea a efectos de continuar con el proceso en su contra por haber
participado en “la logística” de la protesta ante el TSJ. El 29 de
noviembre se formalizó la comunicación a Provea y se fijó el 7 de
febrero como fecha para la audiencia preliminar.
El fiscal Liscano
está de vacaciones y su suplente, Doris Santiago, no accedió a ofrecer
mayores explicaciones sobre el desarrollo del proceso y el empeño del
Ministerio Público en sancionar a las dos ONG con multas, en el peor de
los casos, para Homo et Natura y Provea.
Criminalización de la protesta.
Lusbi Portillo, de Homo et Natura, acompaña a los yukpas desde 1992.
Recuerda que con la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana y
el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas, las constantes peregrinaciones de los yukpas a Caracas
adquirieron un sentido más digno: dejarían de ser mendigos nómadas (como
las mujeres que se instalaban en medio de las avenidas, descalzas y con
sus hijos en brazos, esas que golpeaban con un pote las ventanas de los
automóviles) para convertirse en irreductibles luchadores por las
tierras que ancestralmente les pertenecen.
Portillo afirma que el
conflicto está intacto. La última entrega de títulos colectivos a los
yukpas de la sierra, el 15 de diciembre de 2011, no satisface la
autodemarcación de tierras que aspiran los indígenas y, para mayor
gravedad, reconoce el derecho de terceros, entre ellos los ganaderos y
parceleros que ocupan la zona.
En la contestación de la demanda,
Provea señaló que las protestas cuestionadas por el Ministerio Público
se han realizado “desde la propia forma de ser y pensar del pueblo
yukpa, que considera la movilidad familiar como un aspecto esencial de
su particularidad como pueblo y en la que los niños, niñas y
adolescentes acompañan permanentemente a los adultos en especial a su
madre”.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, lo resume: “Este
proceso contra los yukpas y dos ONG que acompañan su lucha es otra
evidencia de una política de Estado sistemática: la criminalización de
la protesta, del derecho a exigir derechos”.
¿Tiene fundamento el señalamiento de la Fiscalía en cuanto a que los yukpas utilizan a sus hijos como escudos humano
No
tiene ningún fundamento. La Fiscalía con esto demuestra su más profunda
ignorancia en cuanto al significado de los derechos indígenas como
derechos humanos fundamentales. La sanción de un supuesto tipificado
como falta o delito en una norma de derecho penal nacional no puede ser
aplicada sin más, y de manera automática a los pueblos indígenas. Los
pueblos indígenas a nivel internacional y nacional son sujetos de
derechos diferenciados, en consecuencia, de derechos especiales.
¿Cómo son las relaciones entre adultos y niños en la etnia yukpa?
El
pueblo yukpa tiene un modo vida de carácter colectivo. La Constitución
establece en su artículo 119 que el Estado venezolano garantiza y
reconoce las formas de organización social de los pueblos indígenas del
país, pues ello les permite mantener sus formas de vida. Formas de vida
es aquí la frase clave del artículo mencionado. Los niños siempre andan a
la par de los adultos, pues es el mecanismo más directo que existe en
el mundo indígena para la transmisión de su cultura y valores, de
conformidad con sus usos y costumbres.
¿Qué opina del uso de los tribunales de niños, niñas y adolescentes para cuestionar los modos de protestar de los yukpas?
Es
una nueva aberración de la pretendida aplicabilidad del Derecho en
nuestro país. Se deben compatibilizar dos jurisdicciones especiales: la
de niños, niñas y adolescentes, y la indígena. El Derecho, en este caso
indígena, es más amplio y prevalece sobre la jurisdicción. Frente a la
demora del Estado en demarcar y titular territorios indígenas en el país
se prefiere criminalizar la protesta indígena. Es la nueva modalidad
que tiene el Estado venezolano de negar los derechos indígenas
reconocidos en nuestra carta magna.
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