CHILE: Alcaldes y directores son cómplices de violencia sexual a las escolares movilizadas

Frente a los últimos hechos represivos en contra de las niñas y niños del movimiento estudiantil secundario, quienes haciendo uso de su legítimo derecho a ocupar los establecimientos educacionales como expresión de protesta por las demandas incumplidas de gratuidad y calidad de la educación en Chile, señalamos:
Nuevamente, al igual que en 2011, el Estado tiene como única respuesta el uso de la violencia a través de Carabineros, desplegando un desproporcionado contingente de Fuerzas Especiales en los desalojos, propinando golpizas, intoxicaciones con gases lacrimógenos, disparos de balines, detenciones arbitrarias y extendidas, acoso y golpes, entre otros.
En el caso de las niñas, se reiteran las prácticas de violencia sexual tanto en el momento de la detención, como en los traslados y encierros en recintos policiales. Las estudiantes son insultadas por Carabineros, amenazadas y amedrentadas por su condición de mujeres, jóvenes y luchadoras sociales; obligadas a desnudarse, aun cuando estén en su periodo menstrual, reciben tocaciones sexuales y abusos de variada índole.
Estas prácticas abusivas y cobardes de agentes del Estado, se enmarcan en una violencia institucional de la que son cómplices Alcaldes y Directores/as de liceos, quienes ordenan y autorizan los desalojos. Por su parte, los medios de comunicación entregan información parcial y sesgada contribuyendo a la criminalización del movimiento estudiantil.
Estas prácticas no son aisladas ni excesos de algunos carabineros, son procedimientos ilegales reiterados que responden a patrones y lógicas de violencia institucional misógina y machista, desplegada en contra de las estudiantes movilizadas.
En contextos de conflictos sociales y políticos, la violencia sexual sobre los cuerpos de las mujeres, niñas y jóvenes tiene el propósito de ejercer un castigo material y simbólico por sobrepasar las fronteras de los roles que culturalmente les están asignados, por ocupar un lugar que ‘no les corresponde’: el espacio político-público.
Denunciamos la violencia sexual institucional como un tipo de violación de los Derechos Humanos que contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño (y de la Niña), la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres-Belem do Pará, y otros tratados internacionales firmados por el Estado Chileno.
Reiteradas denuncias de las y los estudiantes, apoderadas/os, organismos de Derechos Humanos y organizaciones feministas, entre otras, han dado a conocer a las autoridades políticas esta situación sin obtener respuestas acordes a la magnitud y gravedad del problema.
Respaldamos las legítimas demandas del movimiento estudiantil. Exigimos el inmediato fin de la represión a las y los estudiantes, y a la violencia sexual contra las jóvenes y niñas.

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Fecha: 22 de agosto de 2012 a las 09:51